En Colombia se desarrolla la COP 16, América Latina es la región que tiene más problemas en sus ecosistemas; cambio climático y futuro, el debate.

Desde hace poco más de 30 años se han tratado de generar acuerdos mundiales para atender esta gran crisis. Y 196 países, incluída la Argentina, han conformado equipos de trabajo y diseñado estrategias para atender esta problemática en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo el problema persiste. Y aunque acuerdos pasados han sido poco efectivos para tratar este aprieto, los países miembros de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) tienen la confianza de que este año será determinante.

Esto se debe a que aquí, en Cali, Colombia, durante la decimosexta Cumbre Mundial de Diversidad Biológica (COP 16), se discuten puntos del Protocolo de Cartagena sobre sobre Seguridad de la Biotecnología como el de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, y se pretende poner en marcha uno de los acuerdos más ambiciosos en materia de biodiversidad: el Marco Mundial Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Este último documento compromete a las naciones firmantes, a cumplir cuatro objetivos y 23 metas para recuperar, restaurar y conservar la biodiversidad en cada uno de sus territorios contemplando los derechos humanos, de las comunidades locales e indígenas y la equidad de género.

Este es el contexto en el cual el Gobierno tuvo que redactar y entregar una Estrategia Nacional y un Plan de Acción ante Naciones Unidas para atender todas las amenazas que vulneran a la biodiversidad en la Argentina, con un tiempo límite de seis años, hasta 2030. Son dos documentos que pretenden delimitar objetivos asequibles y una especie de hoja de ruta para cumplirlos.

Se esperaba que a principios de esta semana, la Argentina entregará los documentos ante Naciones Unidas. Sin embargo, hasta el momento no han sido recibidos por el ente internacional. “Si la entregamos durante la COP 16, va a ser al final”, explican a LA NACION fuentes del Gobierno.

El documento, elaborado por la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (Conadibio) está aún en revisión por parte de Cancillería, aunque desde el Poder Ejecutivo aseguran que el trabajo está por ser aprobado y casi alineado con el Marco de Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, que establece 23 metas para 2030. En esta estrategia hay 22 metas. Esto fue porque el Gobierno decidió eliminar la última, vinculada con asegurar una perspectiva, equidad y responsabilidad de género en la implementación de las políticas.

Otra omisión en la redacción fue la del concepto de “cambio climático” que sí está en el acuerdo internacional, pero que, al menos dentro los borradores, tanto de la Estrategia Nacional, como del Plan de Acción 2030 a los que LA NACION tuvo acceso, no aparece.

Para Ana Di Pangracio, directora de Fundación Ambiente y Recursos Naturales y una de las argentinas que más siguen las negociaciones de esta COP, “la falta de claridad, después, puede dificultar la implementación, que es la clave”. Ella explica que, tanto está COP como el documento que la Argentina tiene que presentar, tienen el más concreto objetivo de la implementación. “Implementar, implementar, implementar”, repite la experta.

La biodiversidad en la Argentina y sus amenazas

En ese sentido, Di Pancracio opina que la Estrategia y Plan anterior, los que antecedieron a este borrador, “dejaron la vara muy alta”. O sea que el resultado que esperaban se cumplió parcialmente. Varias de las metas que se habían planteado no se lograron, así lo plantea un análisis propio del oficialismo. Pero, ¿en qué estado se encuentra la biodiversidad en el país y cuáles son los puntos clave que el Gobierno debería incluir en su estrategia?

En los 3,7 millones de kilómetros cuadrados de superficie, nuestro país cuenta con 18 ecorregiones; zonas con condiciones biológicas y climáticas similares. Ocho de estas regiones son de la más alta prioridad para la conservación: la Pampa, el Chaco Seco, los Yungas, el Delta e Islas del Paraná, la Selva Paranaense, la Puna y los Bosques Patagónicos.

En la Argentina hay más de 9000 especies; un 18% son originarias. No hay que pensar solo en animales conocidos como el yaguareté o el carpincho; hay plantas, árboles, insectos, hongos y microorganismos que conforman los ecosistemas de los que dependemos estrechamente. Regulan la temperatura y la humedad, albergan componentes que utilizamos para nuestras industrias y nuestra salud, y nos dan alimento.

El mayor problema, según el borrador de la Estrategia Nacional que aún debe ser aprobado, es el cambio de uso de suelo y mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación, la invasión de especies exóticas, y finalmente, la no planificación del avance de actividades humanas sobre el territorio. “La degradación y desertificación de las tierras trae aparejada la pérdida de la biodiversidad y una progresiva disminución de la productividad”, explica el documento.

Este contexto supone una serie de acciones complejas e interrelacionadas con diferentes dependencias del Gobierno y también con habitantes y con la sociedad civil. Incluso, durante la elaboración de estos documentos se abrió la puerta a comentarios y sugerencias de la sociedad civil que forma parte de la Conadibio.

Una cuestión de plata

La pérdida de biodiversidad no es un problema nuevo, son décadas de trabajo en temas de protección, conservación y restauración de ecosistemas. Sin embargo, los expertos consultados por LA NACION destacan que hay puntos importantes a trabajar. “Nosotros celebramos que, en un contexto de ajuste y tensión política, está por aprobarse un documento como este. Además de que hubo un proceso participativo y trabajo detrás. Pero de ahí a que hagan algo concreto con eso, es otra cuestión”, explica la representante de una ONG argentina, que prefirió reservar su identidad.

Las razones por la falta de acción pueden ser varias, incluída la voluntad política del poder central, la falta de articulación con las provincias o gobiernos locales o conflictos de interés en las zonas a conservar.

También se han priorizado ciertas ecorregiones y especies a la hora de elaborar estrategias de protección. “Por ejemplo, más allá del funcionamiento, el yaguareté tiene estrategias de protección y conservación, pero eso no se extrapola a todas las especies amenazadas”, explica Daniela Gomel, representante de Fundación Vida Silvestre en la COP 16.

No obstante, una de las trabas más grandes para la ejecución de esta estrategia son los fondos. Hay muy poco presupuesto para conservar y proteger los ecosistemas. Con el simple hecho de que no haya habido un presupuesto nacional específico para 2024, la degradación de los fondos para esta área cayó estrepitosamente. Si a eso se suma el recorte a las provincias y la eliminación de fondos fiduciarios como el Fobosque, el margen de acción es estrecho.

Según el último informe de partidas ambientales de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), publicado hace apenas unos días atrás, la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales presentan una caída en sus presupuestos en términos reales de entre el 26,4% y el 37,4% y el 7,1% al 20,9%, respectivamente, de acuerdo con distintas estimaciones inflacionarias. El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos tiene asignados apenas $10.000 millones, solo el 2,84% de lo que debería recibir según la ley 26.331 ($352.664 millones).

Y sus cálculos para el año que viene tampoco prometen una mejora. El proyecto de ley de presupuesto 2025 elimina los programas y partidas destinadas al desarrollo de energías renovables, incluyendo el Programa de Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables, el de Fomento de la Generación Distribuida y el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer).

Pero las vicisitudes relacionadas con el financiamiento de la conservación no se reducen a un Estado. En este momento, en Cali, este es el punto más tenso de las negociaciones, por lo que probablemente el acuerdo final se demore. Grupos de países pertenecientes al sur global como la Argentina, Colombia y Brasil están exigiendo no solo un aumento de flujos de recursos a sus territorios, además piden que estos sean accesibles y que no estén condicionados por los países donantes para una región o reglamento.

El argumento de estos estados, como de los demás países llamados “en vías de desarrollo”, es que son las zonas más afectadas por la pérdida de biodiversidad, y que, históricamente, los que propiciaron esto son los países desarrollados, por lo que tienen mayor responsabilidad.

Claves de la Estrategia

La propuesta que debería aprobarse al final de esta cumbre tiene 22 metas, seis ejes transversales y nueve estratégicos para cumplir con los postulados del Marco Mundial Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Y si bien hay objetivos claros como la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad, llegar a un 30% de áreas protegidas en la tierra y en el mar, o la conexión entre la academia, la política y las comunidades locales, uno de los puntos más importantes tiene que ver con ordenar el territorio.

Son varias leyes como la de Bosques Nativos o la ley general del ambiente que plantean como herramienta fundamental el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT). “Esto nunca se ha implementado de forma integral”, comenta Gomel. Para ella, sin esta organización, es difícil poder incluso mantener las 53 áreas protegidas tanto en tierra como en el mar argentino y el resto de las áreas provinciales.

Un claro ejemplo es la construcción de gasoductos y oleoductos que están en proceso o proyectan desarrollarse en el Golfo San Matías; varios de ellos colindantes con el Parque Nacional Islote de Lobos, un albergue histórico de la ballena franco austral y una diversidad de especies más.

Uno de los puntos que el borrador argentino destaca es el monitoreo de la conservación y recuperación de la biodiversidad. Los instrumentos para cumplirlo aún se están decidiendo en la Cumbre de Biodiversidad, en Cali, y se espera que en el cierre, la Argentina pueda adoptarlos en su Estrategia Nacional. No solo permitiría tener mayor control sobre lo que pasa en el territorio, sino que admite a organismos internacionales dispuestos a donar dinero para la conservación a asegurarse que su inversión tuvo efecto.

Esta historia fue producida como parte de la beca COP16 del CDB 2024 organizada por Earth Journalism Network de Internews.

Fuente: Matias Avramow - LaNacion.com.ar